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Emite Congreso Convocatoria Para Buscar Terma de Aspirantes a la Titularidad del OSFAGS

El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad el Acuerdo Legislativo de la Comisión de Gobierno que preside el diputado Guillermo Alaniz de León, mediante la cual se estableció la convocatoria para integrar la terna de la cual se elegirá al nuevo Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, cargo que concluirá el 22 de febrero del año 2019, dado que es el tiempo que le resta a la función que fue conferida el 23 de febrero de 2012.

De acuerdo con la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, se prevé que para el caso de renuncia al citado puesto, se establece un plazo de diez días hábiles para que a partir de la publicación de la citada convocatoria, la Comisión de Vigilancia reciba las solicitudes de los aspirantes.

Para ello, en las bases se específica que la documentación será recibida en el horario de 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes con Dirección en Plaza de la Patria Oriente 109 Oriente, Zona Centro.

Una vez concluido ese término, en los siguientes cinco días naturales la Comisión revisará y analizará cada uno de los expedientes, derivado de ese estudio entrevistará, por separado, a cada uno de los candidatos.

Posteriormente, en un plazo de los tres días naturales siguientes, la Comisión de Vigilancia tendrá que formular el dictamen que contendrá la terna respectiva, el cual será puesto a la consideración del Pleno Legislativo.

La elección del nuevo titular del OSFAGS tendrá que ser por las dos terceras partes de los diputados.

De entre los requisitos para ocupar el cargo se establecen los siguientes: de No haberse desempeñado en los cargos de Secretario del Poder Ejecutivo Estatal, Fiscal General del Estado, Contralor estatal o municipal, Senador, Diputado, Regidor, Síndico o dirigente de algún partido políticos, cuatros años previos a su designación.

Además de que los aspirantes tengan cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación; tener el título profesional de Contador Público, de Licenciado en Derecho o Abogado, Licenciatura en Economía, en Administración o en cualquier otra rama relacionada con las actividades de fiscalización.

Sobre este asunto, el diputado Sergio Augusto López Ramírez celebró la expedición de la convocatoria, al tiempo que pugnó por emprender “una limpia de todo el personal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, y de que el elegido no tenga relación con ningún partido, político, grupo o cercano al Poder Ejecutivo, y sí sea un verdadero profesional que garantice la transparencia y la rendición de cuentas”.

En otro punto del orden del día, fue avalado otro Acuerdo Legislativo que formuló la Comisión de Gobierno y que dio paso a la creación del Comité del Centenario de la Constitución Política de 1917, quedando conformado por los siguientes diputados: Presidente, Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza; Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares; y como vocales, Arturo Fernández Estrada, Silvia Alaniz y Alejandro Mendoza Villalobos.

Por otro lado, los diputados aprobaron por unanimidad el Punto de Acuerdo que presentó el diputado Arturo Fernández Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, mediante el cual exhorta al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso Local, para que contribuya al robustecimiento del Código de Ética Legislativa, y con ello se difunda su cumplimiento en aras de mejorar el desempeño de cada representante popular que integra esta Soberanía.

En seguida, los legisladores se pronunciaron por la afirmativa del dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve en sentido negativo la iniciativa que pretendía derogar el artículo 63 de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos, con el objeto de reestablecer un convenio con la CFE para la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP); no obstante, la actual Ley de Ingresos de dicha demarcación ya contempla ese precepto en su ejercicio fiscal 2017.

Por otro lado, la unanimidad de los diputados aprobó el dictamen que emitió la Comisión de Justicia y que resuelve en sentido negativo la iniciativa que presentó el GPPAN en la anterior legislatura, y que buscaba reformar el artículo 83 y adicionar el artículo 127 Bis del Código Penal Local para tipificar como delito el incumplimiento de derechos de convivencia con los hijos por parte de alguno de los padres en situación de divorcio, situación que afectaría la integridad emocional de los menores.

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