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Que se Proceda Judicialmente Contra Enriquecimiento Ilícito de Ricardo Anaya: Enrique Juárez

Es grave que tengamos un candidato a la Presidencia de la República manchado, señalado y bajo sospechas de formar parte de una red de delincuencia organizada y de lavado de dinero, como lo es Ricardo Anaya, aseguró el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Juárez Ramírez.

En el programa televisado en Aguascalientes Diálogos de Frente al que además acudieron Aldo Ruiz Sánchez dirigente en el Estado del partido Morena y Paulo Martínez López presidente del PAN, Enrique Juárez puntualizó que existen representantes de sus partidos que tienen 18 años en campaña, además de otros que tienen escándalos de corrupción y empresas fantasmas con presumibles enriquecimientos ilícitos.

“Por el bien de Ricardo Anaya, de su partido, de su coalición, del proceso electoral, de la Republica entera, queremos saber qué pasó, y le pedimos a la Procuraduría General de la República que investigue a fondo las operaciones y, de ser el caso, proceda judicialmente”, afirmó.

Juárez Ramírez, le exigió al dirigente panista a no guardar silencio y que explique a Aguascalientes el esquema financiero de lavado de dinero por el que adquirió Ricardo Anaya un terreno con valor de 10 millones de pesos a su amigo Manuel Barreiro y posteriormente venderlo por 54 millones de pesos.

“Cuando uno toma decisiones equivocadas, cuando uno violenta la Ley, tiene que estar dispuesto a enfrentar consecuencias. Cuando uno utiliza una fundación para hacer negocio inmobiliario, cuando uno, siendo servidor público, hace desde el gobierno negocios y adquiere una planta industrial, cuando uno le vende la planta industrial a una facturera, cuando uno vive por arriba de su nivel de ingresos, tiene que asumir que va a enfrentar consecuencias”, señaló.

Para concluir, señaló que lo que perjudica a Ricardo Anaya es la realidad. Si hubiera señalamientos sin realidad, no habría perjuicio.

“Pero si resulta que la familia vive por arriba de su nivel de ingresos; si resulta que un funcionario público de 39 años, cuyo puesto más alto fue ser subsecretario, se compra una planta industrial; si resulta que esa planta industrial se la vende a una supuesta empresa facturera que recibió dinero que fue triangulado en paraísos fiscales, son sus propias decisiones las que le hacen daño y son sus propias decisiones respecto de las cuales tendrá que rendir cuentas”, concluyó.

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