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Versión Pública del Caso Odebrecht, no Pone en Riesgo Presunción de Inocencia de Involucrados: Oscar Guerra

El dar acceso, en versión pública, a la carpeta de investigación del caso Odebrecht, como lo ha resuelto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no pone en riesgo la presunción de inocencia de los involucrados, sostuvo el comisionado Oscar Guerra Ford.

“El derecho de acceso a la información, con la prueba de interés público realizada por el Instituto sobre este caso, sin desconocer los otros derechos del debido proceso y la presunción de inocencia, es un derecho colectivo que está muy por arriba del derecho individual y que, al estar en versión pública, no forzosamente puede poner en riesgo la presunción de inocencia”, enfatizó.

Al participar en la presentación del libro "El INAI. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes)”, del cual comentó el caso Odebrecht, abordado en el texto por Santiago Nieto Castillo, el comisionado dijo que la resolución del Pleno se limita a pedir que se den a conocer las actuaciones ministeriales.

“La orden del INAI, que no se ha entendido, es pedir una versión pública, no queremos saber ni quién fue ni quién vino, queremos saber cuáles son las actuaciones del Ministerio Público, ante las pruebas y evidencias que ha tenido”, puntualizó.

En el evento, efectuado en Monterrey, convocado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), Guerra Ford explicó que la Fiscalía General de la República promovió el amparo en contra de la resolución del INAI, bajo el argumento de que pondría en riesgo el debido proceso y la presunción de inocencia.

“No hay un ejemplo, a nivel internacional, que un juicio o un proceso seguido en forma de juicio o del Ministerio Público, se haya caído por un asunto de información pública” remarcó el comisionado del INAI.

A su vez, Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente de la COTAI, señaló que el derecho de acceso a la información, además de constituir un mecanismo de empoderamiento social, es un contrapeso que debe ser resguardado en un Estado democrático.

“La obra que se presenta refleja cómo los órganos garantes son participes en la construcción del nuevo Estado mexicano, democrático e institucional, a través de resoluciones que reflejan el equilibrio del derecho a saber y el derecho a la privacidad”, enfatizó.

Al evento, realizado en el auditorio del Museo del Noreste, estuvieron presentes también Irene Spigno y Luis Efrén Ríos Vega, secretaria y director, respectivamente, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y coordinadores de la obra; María de los Ángeles Guzmán, coautora del libro y comisionada de la COTAI, y Zulema Martínez Sánchez, comisionada del órgano garante del Estado de México y coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia.

De igual forma, comisionados de órganos garantes de Veracruz, Morelos, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Baja California Sur y Jalisco.

Las investigaciones académicas que recoge el libro "El INAI. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes)”, se articulan en las siguientes temáticas:

La acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior; el Servicio de Administración Tributaria como sujeto obligado a proporcionar información pública; la protección de derechos sociales, económicos y culturales; y la ponderación de derechos entre la información reservada y el derecho a la verdad en casos graves de violación a derechos humanos, análisis del caso San Fernando, Tamaulipas.

Además, la cancelación de datos personales relativos a la Cédula de Identidad Personal del Registro de Menores de Edad; el ejercicio del derecho a conocer el pasado, análisis del caso Radilla Pacheco contra el Archivo General de la Nación; las bitácoras de vuelo en helicóptero del Presidente de la República; así como el acceso a la investigación del caso Ayotzinapa por Rafael Estrada Michel.

Asimismo, la democracia contra el sigilo ministerial y el caso Odebrecht; salud contra transparencia, con referencia al caso del derrame en el Río Sonora; la publicidad en las investigaciones penales por corrupción a la luz del caso Oceonografía, y el derecho de acceso a la información pública con referencia al derecho de consulta de los pueblos indígenas.

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