Plena Autonomía Para las Fiscalías: Karina Banda

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La Diputada Karina Banda Iglesias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, presentó la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes en materia de Autonomía de las Fiscalías.

Al respecto la legisladora señala que en el proceso de conformación y transformación que se vive con la actualización de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, las Fiscalías son una parte por demás importante que se debe tratar.

En Aguascalientes, como en la mayor parte del país, la corrupción, los Grupos políticos mayoritarios que detentan el poder y la debilidad institucional permean en la sociedad y el gobierno. Existe todavía una desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia los entes públicos encargados de la impartición y procuración de justicia, sobre todo en cuanto a las investigaciones donde servidores públicos de alto nivel tienen vínculos con los que los deben investigar, más aun si estos tienen dependencia hacia un poder Ejecutivo.

Es por este motivo que la presente iniciativa destacó la Diputada, tiene como objetivo el consolidar una plena autonomía tanto para la Fiscalía General del Estado, como para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En este sentido es menester mencionar que, en múltiples pronunciamientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el deber estatal de investigar las violaciones de derechos humanos requiere que se realicen investigaciones no sólo inmediatas y exhaustivas, sino también independientes e imparciales .

Como es observable, el derecho internacional reconoce la importancia de la autonomía de las fiscalías como una de las causas de la corrupción e impunidad que aqueja no solo a nuestro país, sino a toda América latina. La autonomía es un elemento clave para la correcta impartición y procuración de justicia, sin que medien intereses para perseguir con objetividad hechos delictivos sin importar el cargo político de algún alto funcionario.

Si bien, actualmente la Fiscalía General del Estado es un órgano constitucionalmente autónomo que no pertenece al Poder Ejecutivo, todavía hay una tarea pendiente para establecer los principios que refuercen su autonomía e independencia institucional. Por ello, es de vital importancia el garantizar la independencia e imparcialidad de los organismos operadores de justicia en Aguascalientes, los titulares deben ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales, y otros órganos vinculados a la administración de justicia o aparato partidista alguno.

El grado de autonomía institucional de las fiscalías, va más allá de su ubicación institucional como un organismo constitucionalmente autónomo o no dependiente de otro poder del Estado o el contar con un presupuesto propio, también puede ser identificada analizando cómo se regula una serie de procedimientos y aspectos relacionados con la figura del Fiscal General.

La propuesta de la terna para el nombramiento de un Fiscal General, así como de un Fiscal Anticorrupción es una decisión que debe estar alejada de presiones por parte de entes de poder o influenciada por afinidades políticas, ya que las consecuencias directas recaen sobre el correcto funcionamiento del sistema democrático del Estado.

Debido a esto, es que la presente iniciativa propone que sea un Consejo Ciudadano Examinador de carácter honorifico, constituido por notables con la experiencia, el compromiso y el conocimiento suficiente en la ciencia del Derecho y la justicia, el órgano encargado de presentar una lista con la terna respectiva ante el Congreso del Estado.

Un elemento importante en cuanto al perfil que merece la pena destacar es la independencia o autonomía del futuro Fiscal General, en función de cierto tipo de relaciones (personales, profesionales, partidistas o de otra índole) que, si bien por sí mismas y de manera generalizada no conllevan una falta de autonomía, sí suponen un riesgo que se pretende evitar y que justifica la regulación de una exclusión general.

Como se puede observar en el actual proceso de designación de Fiscal General de Aguascalientes, existe un procedimiento en el cual intervienen en mayor medida dos principales poderes del Estado y, se le otorga un importante papel al poder Ejecutivo a la hora de formular una terna y remitirla posteriormente al Congreso del Estado. A continuación, el titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad en caso de que el Congreso no haga el nombramiento, de escoger libremente al Fiscal. Además, el Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezcan las Leyes cuando este lo estime conveniente.

Por este motivo se propone en la iniciativa que tengo a bien presentar, continuó la congresista que, la primera fase del proceso de selección se realice a través de un concurso público y abierto orientado a las capacidades profesionales y los méritos de los candidatos. Evitando injerencias indebidas, restringiendo la participación a órganos políticos y dejando dicha tarea a órganos técnicos profesionales que gocen de autonomía.

Se pretende también crear un blindaje institucional en el desempeño de las funciones de los Fiscales. No pasa desapercibido que aquel Fiscal que quiera llevar adelante una investigación penal, en delitos de especial complejidad en los cuales podrían verse implicadas autoridades de gobierno o personas que tengan capacidad de influir en su puesto, es susceptible de ser víctima de presiones o intentos de destitución o separación del cargo.

Mientras un Fiscal General no tenga esta defensa legal en el desempeño de sus funciones no será posible que tenga una actuación verdaderamente autónoma ya que se encontraría en posición de desventaja ante los actores políticos que tienen la capacidad de nombrarlo o destituirlo a libertad y discreción.
En otro aspecto abordado en la presente propuesta hay que escudriñar que, dentro de la estructura estatal, el fiscal General del Estado es una figura que también puede llegar a ostentar una cuota importante de poder.

Precisamente por ello, el Fiscal General también requiere estar sujeto a mecanismos de control que permitan desconcentrar el poder en la figura de este funcionario.

Dentro de estos mecanismos de desconcentración del poder se encuentra la creación de las Fiscalías especializadas en determinados tipos de delitos o para la atención de determinados colectivos especialmente vulnerables. Empero, esta especialización solo puede limitar en cierta medida las facultades del Fiscal General cuando los procedimientos de selección y destitución de los fiscales especializados contienen los mismos mecanismos que salvaguarden la autonomía de estas fiscalías.

Sin perjuicio de ello, en virtud del principio de unidad de acción, los fiscales especializados deben respetar los lineamientos generales de política de persecución penal establecidos por el Fiscal General, sin tener el temor de ser removidos arbitrariamente o ser presionados políticamente de alguna forma por el Fiscal General.

De acuerdo a lo anterior el proyecto de Decreto señala en su ARTÍCULO PRIMERO. – Se Reforman la Fracción V del Artículo 53, el primer y segundo párrafo, adicionándole a este último los incisos a), b), c), d), e) y f); se Reforman las fracciones I,II,III,IV,V y VI y se le adicionan una Fracción VII y VIII al Artículo 59; Se Reforma la Fracción IV del Artículo 82 B, todos ellos de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
En el contenido del decreto respectivo, destacan los siguientes puntos:

Artículo 59.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, misma que ejercerá las funciones previstas en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, responsabilidad, honradez, independencia y respeto a los derechos humanos, en los términos que disponga la ley.

El Fiscal General del Estado durará en su cargo seis años y será designado y removido conforme a lo siguiente:
Treinta días antes de concluir el periodo para el cual fue designado el o la Fiscal General del Estado, o en su caso, a partir de su ausencia definitiva, cinco días naturales después, el Congreso del Estado, emitirá convocatoria pública abierta de conformidad a los lineamientos que para tal efecto prevea la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y que la misma sea aprobada por mayoría de las dos terceras partes del Congreso, a fin de integrar un consejo ciudadano examinador, el cual se constituirá por siete personalidades ciudadanas profesionales en la materia del derecho, con fama pública de probidad, independencia y honradez; dichas

personalidades serán propuestos por organizaciones académicas, civiles, sociales, y/o profesionales así como Colegios de profesionistas, sin militancia partidista, y que no hayan participado como candidata o candidato a un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación en ambos casos.
Al mismo tiempo se contará con un Consejo Ciudadano Examinador que tendrá carácter de honorífico, temporal en tanto se designe al Fiscal General, no recibirán remuneración alguna por su participación en el proceso de selección, tendrá como atribuciones proponer, para la aprobación de las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, a las personas que habrán de integrar la terna y que previamente cumplan con los requisitos correspondientes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

El procedimiento que dicho consejo ciudadano establezca garantizará el apego a los principios de imparcialidad, independencia y transparencia, así como la idoneidad de la terna de las personas aspirantes a ocupar el cargo de que se trate. Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas y de consulta accesible para la ciudadanía.

Recibido el dictamen con la lista con la terna a que se refiere la Fracción anterior, se turnará a la Comisión de Justicia para que, previa comparecencia de las personas propuestas rinda el informe respectivo y el Pleno designe al Fiscal General del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso. La designación deberá realizarse dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir de que el Congreso reciba la terna.
Por otra parte, en cuanto a la persona Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien será designada y removida conforme con lo dispuesto por el Artículo 59 de la Constitución Local:

ARTÍCULO 25. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas serán nombradas, siempre que demuestren contar con el perfil adecuado, y removidas libremente por el Fiscal General; con excepción de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo nombramiento y remoción se sujetarán al procedimiento que, para tales efectos, establece el Código Electoral del Estado de Aguascalientes y la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo nombramiento, remoción y ausencias temporales se sujetará al procedimiento que establece la Constitución Local para el caso del Fiscal General del Estado.

La titularidad del Órgano recaerá en la persona que designe el Congreso del Estado, mediante el procedimiento establecido en la Ley del Poder Legislativo, para ocupar el cargo de Visitador General.

Recibido el dictamen con la lista con la terna, se turnará a la Comisión de Justicia para que, previa comparecencia de las personas propuestas rinda el informe respectivo y el Pleno designe al Fiscal General del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso. La designación deberá realizarse dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir de que el Congreso reciba la terna.

Para finalizar la Diputada Karina Banda especificó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con las siguientes atribuciones: implementar mecanismos, planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la legislación penal considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia.

En cuanto a la Comisión de Justicia le corresponde, el conocimiento, análisis, estudio, seguimiento, promoción y en su caso Dictaminación sobre los asuntos siguientes más fundamentales: Lo relativo al procedimiento de designación del Consejo Ciudadano Examinador y que las personas designadas para ocupar el cargo, protestarán ante el Pleno del Congreso.