Vacuna Contra Covid-19 no Debe ser un Negocio

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Para controlar la pandemia de COVID-19 que ha resultado en más de 500 mil muertes a nivel global y más que 100 mil en la región de América Latina y el Caribe, una vacuna eficaz y distribuida de manera justa y equitativa es imprescindible. Hasta el momento se tiene conocimiento de más de cien vacunas en desarrollo y más de diez en pruebas clínicas, sin embargo, hay varios desafíos que complican el desarrollo y acceso justo a esta vacuna y que están provocando un fuerte debate internacional.

A nivel mundial han sido numerosas las declaraciones de solidaridad entre países y acuerdos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptados en consenso por todos los Estados Miembros. No obstante, hay numerosos desafíos a superar para lograr el desarrollo y acceso equitativo de la vacuna, ya que, en medio de la discusión, se encuentran tanto países poderosos como actores privados que pueden poner en riesgo el acceso universal de una vacuna contra el COVID-19.

De acuerdo con recientes declaraciones de la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, la salud no puede ser un negocio: “El modelo de innovación hoy en día está manejado por el mercado y la OMS ha dicho por mucho tiempo que esto afecta la salud pública, ya que no se desarrollan vacunas para enfermedades para las cuales no hay un valor comercial. Entonces tenemos que cambiar este modelo y encontrar otras formas de hacer investigación y desarrollo más enfocado en la salud pública. La salud no debería ser algo que está en el mercado para monetización”, expresó la experta.

Las consecuencias de una distribución inequitativa de la vacuna son sumamente graves y podrían agudizar las inequidades entre sectores de la población (y entre países) que la pandemia ya ha exacerbado. Un ejemplo de esto fue la puja por respiradores y equipos de protección personal a través de las cuáles, incluso, se dieron actos que pueden ser clasificados de piratería internacional: el gobierno francés confiscó equipos de protección sueco al paso por su territorio con destino a España e Italia; por otro lado, Trump acaparó suministros de proveedores chinos ofreciendo pagar más a cambio de tener la garantía que toda la producción iría a Estados Unidos y a nadie más.

Durante el foro, ¿Quién tendrá acceso a la vacuna contra el COVID-19?: Ética, biopolítica e implicaciones para México y la región, se resaltó la importancia de que en la investigación llevada a cabo durante situaciones de emergencia, como la actual pandemia, se siga el rigor científico a la vez que los lineamientos éticos para el bienestar de la humanidad.

En el pasado ya se tuvo una situación en donde se demostró lo importante que es seguir estos lineamientos. En el 2009, con la llegada de la pandemia por influenza del H1N1, varias naciones desarrolladas se pusieron en primera línea para la compra de la nueva vacuna, sin considerar a las naciones más pobres y a las poblaciones más vulnerables que enfrentaban esta pandemia. Por ello, es importante que esta situación no se vuelva a repetir en el caso de la vacuna contra el COVID-19.

Por lo anterior, la transparencia en torno a dónde se están desarrollando y quiénes están financiando las investigaciones de la vacuna contra el coronavirus, toma mayor relevancia y se convierte en una condición necesaria para asegurar su desarrollo de forma ética y que los beneficios de la investigación sean distribuidos de manera equitativa entre países con altos, medios y bajos ingresos.

Ana Palmero, Coordinadora del Área de Ética en Investigación, Dirección de Investigación en Salud, Ministerio de Salud de Argentina, disertó acerca de los desafíos que enfrenta la región para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Destacó la importancia de que exista una cooperación y comunicación eficiente entre varios niveles de actores, tanto nacionales y regionales para agilizar el proceso de investigación y revisión ética, evitar duplicación de esfuerzos y favorecer que los beneficios de la investigación sean compartidos. Asimismo, remarcó la importancia de informar e involucrar a las comunidades y que será necesario generar un marco de colaboración entre los países de la región para poder aunar esfuerzos que redunden en beneficios para nuestras poblaciones.

Al respecto, Silvia Serrano del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown destacó el rol crítico de los Estados en la definición de criterios de priorización de distribución de las vacunas. Declaró: “Dadas las desigualdades de desarrollo y capacidad de investigación entre Estados, la cooperación internacional debe jugar un papel fundamental para asegurar que una futura vacuna contra la COVID-19 constituya un bien público global y sea accesible en todos los países. Corresponde a los Estados adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a una futura vacuna. Entre estas se incluye el uso de su capacidad regulatoria para evitar que los intereses comerciales subordinen el acceso a la vacuna a la capacidad de pago, y la vacunación prioritaria de aquellos grupos sociales más susceptibles de contraer y ser afectados negativamente por el COVID-19.” Por ejemplo, las personas en situación de pobreza, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las personas que sufren de otras enfermedades y los trabajadores de la salud.

María de Jesús Medina Arellano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM explica los desafíos del acceso equitativo a la vacuna y cómo superarlos.  Indicó que: “Bioeticistas afirman que los nacionalismos de líderes en el mundo nos colocan en situaciones de poca probabilidad de solidaridad, por tanto, deberíamos abogar por un organismo internacional, y en el último de los casos implementar el esquema de lotería, dado que el principio de justicia social no parece ser favorecido por actuales líderes. Existen

también propuestas para el desarrollo de leyes internacionales para evitar el acaparamiento de vacuna por algunos países. Se necesitará una fuerte coordinación y cooperación internacional entre los desarrolladores de vacunas, los reguladores, los encargados de la formulación de políticas, los financiadores, los organismos de salud pública y los gobiernos para garantizar que los candidatos prometedores de vacunas en etapa tardía puedan fabricarse en cantidades suficientes y suministrarse de manera equitativa a todas las áreas afectadas, especialmente a niveles bajos de recursos.”