México, uno de los Países más Peligrosos Para el Periodismo y Defensa de los Derechos Humanos

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México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Los riesgos y las vulnerabilidades son más profundos y diversos en el nivel estatal y municipal del país. El incremento de las agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de DDHH se han conjugado con la polarización social, la desinformación y la dificultad para acceder a información pública, los cuales se han exacerbado durante los meses contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. Asimismo, las condiciones de discriminación, estigmatización y exclusión hacia grupos vulnerables como migrantes, comunidad LGBTTTI+ se han agudizado, impulsadas por el conservadurismo social, religioso y político.

En este contexto, las capacidades en los estados del país en materia de prevención, protección y acceso a justicia son casi inexistentes. Por ejemplo, 12 estados del país carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de periodistas y personas defensoras de DDHH; 19 estados no cuentan con ninguna estructura de Mecanismo de Protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos; solamente 4 estados de 32, cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión; no hay capacidad técnica para realizar análisis de riesgos; del promedio total de carpetas de investigación iniciadas o abiertas en el país, solamente el 0.02% corresponden a delitos contra periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, mientras el Mecanismo de Protección continúa con importantes limitaciones presupuestales, la FEADLE ejerció en 2018 el 22.05% de su presupuesto y en 2019 el 57.73%. Ambas instancias federales carecen de recursos humanos, así como capacidades técnicas y de coordinación para implementar medidas de protección efectivas e investigaciones judiciales eficientes.

Es por ello que El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), presenta el Informe Libertad de Expresión en México 2020. El Informe se elaboró en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Programa de Periodismo CIDE y el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México. Además, contó con el financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID).

El Informe toma como punto de partida la voz y la experiencia de periodistas y personas defensoras para apuntar una serie de hallazgos y recomendaciones que permitan mejorar los medios de prevención, protección, seguridad, acceso a justicia y pluralidad de medios a nivel estatal. También, analiza los avances y tareas pendientes del Mecanismo de Protección federal, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Principales recomendaciones para mejorar la Libertad de Expresión en los Estados

  • Fortalecer el marco legal de protección a la libertad de prensa y la defensa de derechos humanos en todos los estados del país y apuntalar este proceso con el desarrollo de instituciones especializadas en la protección y la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
  • Cada estado debe desarrollar planes de prevención y protección basados en las características de sus contextos político, social, económico, criminal y cultural, con la incorporación de enfoque de género e interseccional.
  • Definir instrumentos jurídicos y de monitoreo de los medios de comunicación estatales para evitar tanto la concentración en la propiedad de medios, como la confluencia de intereses políticos y comerciales.
  • Promover una participación más equilibrada de las mujeres en los medios de comunicación a través de la sensibilización entre personas propietarias y directivas, así como impulsar la profesionalización de las mujeres al interior de los medios de comunicación donde trabajan
  • Crear un sistema homologado para el registro de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que incluyan enfoque de género e interseccional.
  • Desarrollar e implementar encuestas de victimización específicas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos que incluyan enfoque de género e interseccional, con el objetivo de generar más y mejor evidencia acerca de las formas de victimización que enfrentan periodistas y personas DDH a nivel local.
  • Impulsar la creación de áreas o fiscalías especializadas para investigar delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Principales recomendaciones Mecanismo de Protección y FEADLE

  • Mecanismo de Protección.- Los planes de protección deben considerar la combinación de medidas materiales y políticas, así como individuales y colectivas pertinentes.
  • Mecanismo de Protección.- Desarrollar estadísticas que muestren todos los datos sociodemográficos de las personas beneficiarias, incluyendo la perspectiva de género y enfoque diferenciado.
  • Mecanismo de Protección.- Que la Secretaría de Gobernación solicite la intervención del representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo presione a las personas gobernantes de los estados para el cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Mecanismo de Protección.- Estandarizar los procedimientos de operación a nivel federal y estatal
  • Mecanismo de Protección.- Generar mesas de trabajo con la presencia del Mecanismo federal, los mecanismos locales, empresarios de medios de comunicación, periodistas, personas defensoras, entre otros actores sociales, para analizar la pertinencia de las acciones ejercidas por el Mecanismo hasta el momento y convocar al diálogo ciudadano.
  • Mecanismo de Protección.- Condenar públicamente las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • FEADLE.- Realizar y publicar un plan estratégico con fechas para el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores en materia de efectividad para la investigación de delitos contra la libertad de expresión.
  • FEADLE.- Elaborar y publicar un protocolo específico para el manejo adecuado de la información confidencial aportada por las y los denunciantes.
  • FEADLE.- Se considera importante desarrollar indicadores para orientar mejor la política de investigación criminal en delitos contra la libertad de expresión para reducir la impunidad en este tipo de delitos.
  • FEADLE.- Habilitar unidades de atención para las víctimas de delitos contra la libertad de expresión en las entidades federativas.
  • FEADLE.- Desarrollar programas de intervención y contención psicológica para quienes realizan las investigaciones.

 Principales recomendaciones para Medios de Comunicación

  • Adopción de protocolos de prevención en las redacciones que contemplen medidas de seguridad física, psicológica y digital.
  • Adoptar protocolos para la prevención de violencia de género y capacitar al personal para la identificación y denuncia de cualquier forma de violencia contra la mujer.
  • Incentivar la adopción de posicionamientos conjuntos entre autoridades de gobierno y medios de comunicación ante casos de agresiones físicas o digitales, homicidios, privación ilegal de la libertad o desplazamiento forzado, con el fin de condenar y visibilizar toda forma de violencia contra la libertad de prensa.
  • Desarrollar acciones conjuntas entre medios de comunicación y autoridades federales y estatales, para emplear medidas temporales de atención integrales a periodistas desplazados de sus lugares de origen.
  • Facilitar que periodistas desplazados puedan reincorporarse a los medios de comunicación en los cuales colaboraban antes de desplazarse o ser extraídos. También debe considerarse la posibilidad de conformar una bolsa de trabajo en otros medios de comunicación en diferentes estados del país.
  • Desarrollar planes de protección para medios de comunicación que garanticen la seguridad de sus instalaciones, infraestructura digital y personal que labora.
  • Adoptar enfoques de derechos humanos, de género e interseccional en sus líneas editoriales.
  • Capacitar a las personas periodistas en la cobertura de noticias con enfoque de derechos humanos.
  • Capacitar el personal en las redacciones para que la línea editorial evite la revictimización, la estigmatización y cualquier forma de discriminación.